Desde 1992, se le acusa de iniciar una intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de éstos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma se sobornó a la mayoría de los directores de los principales medios de comunicación del país, con lo cual éstos fueron casi siempre favorables al régimen. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde la sombra.

Se denunciaron varios casos de amenazas e intimidaciones a periodistas. Los más críticos al gobierno, como César Hildebrandt, fueron despedidos e incluso se denunciaron planes para el asesinato de éstos, con el nombre de Plan Narval. En mayo de 1997 al ciudadano israelí nacionalizado peruano Baruch Ivcher, propietario del canal Frecuencia Latina -hasta entonces cercano al gobierno-, se le retiró la nacionalidad peruana (en 2007, la revista Caretas publicó evidencias de que este retiro de nacionalidad no era ilegal). Además Ivcher fue forzado a abandonar el país, por su oposición al cese de los miembros del Tribunal Constitucional.

También se le acusó de financiar a diarios pequeños (la denominada Prensa Chicha), cuya característica principal era mostrar a los opositores al Fujimorato en sus portadas de forma burlesca.